MÉXICO D.F.-Los señores Bradford Cooke de Endeavour Silver, Robert Archer de Great Panther Silver, Mitchell Krebs de Coeur Mining, Pierre Lacombe de Scorpio Mining, Phillips Baker de Hecla Mining, Robert McEwen de McEgen Mining, John Smith de Silver Standar Resources, Arturo Prestamo de Santa Cruz Mining, Keith Neueyer de First Mejestic Silver, Scott Drever de Silvercrest Mines, Lenic Rodriguez de Aurcana Corporation, David Macinnes de Mag Silver, Brendan Cahill de Exxellon Resources, John McLusky de Álamos Gold, Jasón Reíd de Gold Resource y David Wolfin de Avino Silver and Gold, cuestionan severamente la tasa impositiva del 7.5% de impuestos a utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de capital, y la tasa adicional de 0.5 a oro y plata.
Señalan que estos gravámenes provocaran el cierre de algunas empresas y la no inversión de algunos proyectos en desarrollo.
Lamentan que con ello su presencia en zonas marginadas disminuirá “Por lo que se verán afectadas programas de responsabilidad social que las mineras llevan a cabo en beneficio de la calidad de vida de las comunidades locales”.
Señores mineros de Canadá:
Nunca en la historia reciente de nuestro país habíamos sido testigos de un saqueo a las riquezas mineras del país como el que algunas de sus empresas han realizado al cobijo de una ley minera laxa, la más laxa de América Latina, la más permisiva del continente.
Ley aunada a la corrupción de autoridades ejidales, comunales, municipales, estatales y federales que han trasformado a nuestro país en un genuino paraíso fiscal, laboral y cuyo saldo para México es un terrible pasivo ambiental en vastos territorios, aunado a una larga historia de represiones violentas y asesinatos contra dirigentes y comunidades que se han opuesto a estos proyectos.
Un estudio recientemente elaborado en la Secretaría de Gobernación demuestra la notable distancia que existe entre el pago de impuestos en Canadá y los que pagan en México.
Aquí la First Majestic Silver, de Canadá, asentada en la mina La Encantada –con 4 mil hectáreas de extensión–, en Coahuila, paga de impuesto 68 mil 160 pesos, mientras que su más reciente utilidad bruta anual fue de mil 464 millones 679 mil pesos.
La Fortuna Silver Mines y la Continuum Resources, establecidas en el yacimiento San José, con una extensión de 30 mil hectáreas en Oaxaca, sólo pagan un impuesto de 4 millones 252 mil pesos por derecho de minería, mientras sus ganancias ascienden a 2 mil 124 millones de pesos al año. Aquí la sangre derramada del dirigente Bernando Sánchez Vázquez, nos lleva a la conclusión que este oro, señores, llega a sus manos y a su conciencia manchado de sangre.
Almaden Mineral, en la mina Nicoamen River, en British Columbia, que ocupa una extensión de 2 mil 607 hectáreas, obtiene ganancias por mil 662 millones de pesos, por lo que debe pagar a la provincia 166 millones de pesos, y 216 millones 158 mil por impuesto a la minería sobre utilidades brutas.
La Bold Ventures, en la mina Ring of Fire, en 24 mil 848 hectáreas de Ontario, obtuvo en el año pasado 564 millones de pesos de ganancia bruta, de los que pagó al fisco provincial 56 millones 841 mil pesos, además del impuesto sobre utilidades brutas.
Señores empresarios, supimos de su enojo y poder en abril pasado, justo cuando en el Senado trabajamos con organizaciones sociales de varios estados de país, una propuesta de ley minera que contrarreste la impunidad y la depredación ambiental que desarrollan en nuestro país, en ese entonces, como una afrenta, el mismo día de nuestro foro, senadores también del PRD, presentaron una propuesta de ley minera que dejaba intacto el artículo sexto de la actual ley minera, corazón de esta legislación, que permite la preeminencia de la actividad minera sobre cualquier otra actividad en territorio nacional y les otorga patente de corzo para saquear y devastar nuestras comunidades y riquezas.
Sabemos de su poder e influencia, se quejan amargamente de este impuesto, pero nada dicen del impuesto triple o quíntuple que pagan en Canadá. Nada dicen de las ganancias estratosféricas, obscenas que han obtenido de nuestro país en los últimos 15 años.
Cuestionan que los pequeños apoyos que entregan en pueblos y comunidades serán cortados o limitados, ¿Cuánto invierten ahí señores? ¿De ese tamaño es la responsabilidad social de sus empresas?
Son genuinas limosnas, ante el tamaño de sus descomunales ganancias, usadas para comprar voluntades y corromper autoridades.
Señores, confío en que los y las legisladores mexicanos no solo avalemos estas reformas fiscales sino vayamos en el camino de modificar la ley minera más permisiva, laxa y responsable de un etnocidio y una devastación ambiental sin precedentes en la historia reciente del país.
Bienvenida su inversión, bienvenida su iniciativa empresarial, pero al menos en condiciones fiscales, laborales y de respeto al medio ambiente similares a las de Canadá. ¿Será mucho pedir?
Adicionalmente pugnaremos por:
Trabajar una Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) y asegurar acceso público a datos sobre los pagos de impuestos y regalías de las compañías mineras. Exigir por ley que todas las compañías mineras del país publiquen la información financiera requerida por la EITI.
Impulsar una nueva norma contable internacional que obligaría a las compañías multinacionales a informar, país por país, sobre sus utilidades, gastos, impuestos y derechos pagados.
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