Mexicali, B. C., viernes 20 de febrero de 2015.- El Pleno del Congreso de Baja California aprobó un punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para exhortar al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, con el propósito de que lleve a cabo gestiones ante el gobierno federal a efecto de que la nómina del magisterio sea reincorporada al ámbito estatal.
Correspondió al diputado Francisco Barraza Chiquete dar lectura al documento de la Jucopo. Dijo que este exhorto se debe a la solicitud hecha por un grupo de profesores que integran al Movimiento de Resistencia Estatal de Baja California, quienes expusieron una serie de demandas y problemas ante el presidente del Poder Legislativo, diputado Alcibíades García Lizardi.
“Entre otros problemas que están afectando a miles de trabajadores de la educación, mencionan particularmente el retraso en los pagos del magisterio federalizado correspondientes a la segunda parte del aguinaldo y a las dos quincenas del mes de enero. Además, existe un atraso en el pago del sobresueldo denominado 22%, que debe ser cubierto, a más tardar, el día 30 de cada mes”, refirió Barraza Chiquete.
Asimismo, el legislador mencionó que los integrantes del referido Movimiento de Resistencia dieron a conocer la problemática que están viviendo los maestros recientemente adscritos por el Servicio Profesional Docente, en virtud de que no se han dado de alta totalmente en el sistema; y los que sí lo hicieron, sólo fue de manera temporal y no definitiva como lo dice su nombramiento.
Entre otros problemas que han derivado de las irregularidades descritas, destaca el asunto de que gran número de profesores, no han podido darse de alta ante los servicios médicos del ISSSTE.
Pero sin duda –dijo el diputado Francisco Barraza– “una de sus demandas más sentidas es la descentralización de la nómina de los trabajadores de la educación, para que sea el gobierno del Estado el que emita en tiempo y forma los pagos de estos mismos de los profesores”.
Por otro lado, señaló que la Jucopo entendía que no todas las demandas que plantearon los profesores son competencia del gobierno estatal; sin embargo, consideró que es del interés de la XXI Legislatura local, el conocer de la vinculación y la coordinación institucional de los Servicios Educativos del Estado con las dependencias del gobierno federal competentes para atender y, en su caso, dar respuesta a dichas demandas.
“De acuerdo con lo expresado por los profesores, tienen especial interés en conocer, a través del titular de Educación y Bienestar Social, la postura del gobierno del Estado en relación con una serie de temas que les han afectado en su economía personal y familiar, además de poner en riesgo sus empleos”, concluyó.
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