Por Aquiles Córdova Morán
PUEBLA PUE.-Toda la Huasteca , que comprende partes de los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas, principalmente, constituye un bolsón de pobreza donde el agudo contraste entre sus riquezas naturales y la generalizada pobreza de la mayoría de sus habitantes resulta casi un absurdo. Botón de muestra es la Huasteca hidalguense, vasta zona todavía con gran riqueza forestal, con abundantes recursos hídricos, con áreas de vocación ganadera y tierras aptas para la agricultura de temporal y para la fruticultura, además de su gran belleza natural que sorprende, incluso, a muchos viajeros experimentados que han recorrido el país y el mundo. Pues bien, todo esto está tirado o subutilizado y, en el mejor de los casos, rapazmente explotado por gente que saquea irracionalmente los recursos sin importarle un ardite su agotamiento y lo que ello pueda acarrear en el futuro, mientras la inmensa mayoría padece severos problemas de vivienda, de falta de empleo y salario suficiente, de una incomunicación de siglos (principalmente por falta de caminos transitables todo el año), de alimentación, de educación y otros semejantes que no es necesario detallar. Particularmente impactantes resultan los problemas de salud, ya que a simple vista se detectan, por ejemplo, miles de personas con problemas dentales severos (gente joven que al reír muestra sólo raigones), enfermedades de origen hídrico por el consumo de agua sucia, las ocasionadas por la desnutrición o por una alimentación pobre e insuficiente y, en general, todas las llamadas “enfermedades de la pobreza”. Y todo eso, repito, en medio de una naturaleza rica en recursos y con una belleza deslumbrante, que bien podría ser fuente de bienestar para sus hijos.
La opinión pública de Hidalgo sabe que, hace unas semanas, el Movimiento Antorchista se vio literalmente obligado a instalar un plantón permanente frente a las oficinas del gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, por dos razones innegables: el incumplimiento reiterado de compromisos firmados de puño y letra de sus funcionarios para realizar obras de elemental necesidad en zonas campesinas pobres y en colonias populares de la capital; y la negativa rotunda a discutir nuevas demandas que se suman a las ya firmadas y no cumplidas hasta hoy. Sabe también el pueblo de Hidalgo que la respuesta a este acto de legítima protesta, legalmente amparado por la Constitución General de la República , fue brutalmente desalojado a mano armada y con todo sigilo, al amparo de las sombras de la noche, tal como actúan todos los delincuentes que saben que su fechoría no resiste la luz del día ni el atestiguamiento de los ciudadanos de un honesto vivir. Cientos de policías, como asaltantes nocturnos de caminos o domicilios, entraron en la madrugada al plantón, destruyeron lo que no se pudieron llevar, se cebaron sobre los varones a patadas, culatazos y humillaciones físicas, y se llevaron secuestrados a 18 plantonistas que luego tuvieron que liberar por falta de pruebas.
Después del delictivo desalojo, los antorchistas han suspendido dos grandes concentraciones masivas que habían planeado llevar a cabo en Pachuca, con el propósito de reivindicar su derecho legal a la protesta pública y para exigir, una vez más, las soluciones que les han negado hasta hoy. La causa de tales suspensiones ha sido la insistencia del secretario general de Gobierno para que no se llevara a cabo la protesta, a cambio de la solemne promesa de que habría respuesta satisfactoria. Y en las dos ocasiones ha mentido, ha faltado a su palabra burlándose de la buena fe de la gente y de sus líderes. Pero lo más sorprendente del caso, que es lo que quiero resaltar hoy, es que lo que ha impedido el arreglo del problema, y no sólo en esta ocasión sino desde siempre, es decir, mucho antes del plantón, son, precisamente, las demandas de los huastecos hidalguenses. Más de cuatro años de lucha tuvieron que pasar para que al fin el gobierno accediera, y de muy mala gana, a introducir el agua potable a la comunidad de Temango, en el importantísimo municipio serrano de Tlanchinol; tan a fuerzas y tan de mala gana, que todavía hoy es día en que el tal sistema opera sólo cuando Dios y el gobierno quieren. En el conflicto actual, el noli me tangere es la petición para que la pésima brecha que conecta a Temango con la ruta Pachuca-Huejutla, y que aísla a los habitantes cada temporada de lluvias, se mejore de modo que sea transitable todo el año. De sólo oír mencionar el problema, se les ponen los pelos de punta a los señores funcionarios: ¡eso es muy caro! ¡Ochenta millones de pesos que el gobierno no tiene! Y ahí se han roto las pláticas.
Pero yo quiero insistir. ¿Podría decir con exactitud el gobierno hidalguense cuánta riqueza le aporta la zona huasteca? ¿Cuánto le ingresa sólo en impuestos de toda clase, sin contar otros ingresos ni las fortunas particulares que allá se han amasado? ¿Podría decir con franqueza de qué tamaño es la pobreza allí, cuánto se ha invertido para abatirla y cuáles han sido los resultados? Si se conocieran esas cifras, se vería todo lo absurdo, lo indefendible que resulta el argumento de que 80 millones de pesos para los pobres de la Huasteca es “mucho dinero”; se vería que, suponiendo que esa suma fuera cierta (todo mundo sabe cómo se las gastan los funcionarios para inflar costos y con qué fines lo hacen), esos 80 millones son, apenas, una gota de agua en un océano de necesidades. Parece, pues, que hay otras razones. ¿Frenar a los antorchistas a como dé lugar? ¿Temen que la solución a Temango detone en toda la Huasteca la inconformidad por la mala situación que padece? ¿El arreglo de la brecha perjudica poderosos intereses caciquiles, económicos y de control político? ¿Es una mezcla de todo eso? Los antorchistas no tienen manera de saberlo aunque sospechan muchas cosas. Pero lo que sí saben bien es que la Huasteca exige justicia ya; y que no descansarán hasta conseguirla. Por lo pronto, va la mega marcha para el 31 de agosto, y esta vez, salvo la solución completa a las demandas, nada la detendrá otra vez.
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