Boletas, constancias, actas de nacimiento, certificados de estudios y los documentos que expidan el gobierno del estado y los municipios que competen con firma electrónica se expidan de forma más rápida.
Mexicali, B.C.- La Diputada Rosana Soto Agüero presentó ante el Pleno del Poder Legislativo una iniciativa de reforma a los artículos 5 y 10 de la Ley de Firma Electrónica para nuestro estado, con el objetivo de que las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, así como los Ayuntamientos, hagan más accesibles, ágiles y sencillos los actos, convenios, comunicaciones, procedimientos administrativos, trámites, prestación de los servicios, contratos y expedición de cualquier documento, dentro de su ámbito de competencia.
En la sesión ordinaria realizada el pasado 26 de junio, la Legisladora tijuanense señaló que la creciente tendencia de cualquier ente de gobierno para utilizar medios de comunicación de forma electrónica en su prestación de servicios y en cualquier tipo de trámite, así como el resultado positivo obtenido en ello, genera la certidumbre de que es correcta su utilización en beneficio de la sociedad y refuerza la seguridad para su aplicación en aquellas áreas que aún falta por hacerlo.
Es por ello, dijo, que el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en la gestión pública, debe tomarse como una opción para impulsar y generar condiciones que permitan hacer más efectiva la provisión de trámites, servicios y procedimientos públicos.
“Por medio de la Iniciativa, se busca que aquellos trámites que aún no se consideran dentro del aprovechamiento de los sistemas autorizados para generar su validez ante terceros mediante Firma Electrónica, se optimicen y se amplíe su acceso a la población que así lo requiere, logrando una verdadera administración de servicios públicos electrónica “en línea”, facilitando el intercambio de información entre el gobierno y sus ciudadanos”, explicó.
Soto Agüero indicó que actualmente nuestra legislación contempla el uso de la firma electrónica en los trámites, servicios, actos y procedimientos administrativos, que los particulares efectúan ante diversas dependencias de la Administración Pública, mediante la Ley de Firma Electrónica para el Estado de Baja California.
“Al lograr avanzar con los procedimientos administrativos que la Ley en cuestión no contempla, como es el caso de la viabilidad de expedir los certificados escolares y boletas de calificaciones y demás constancias, diplomas, títulos o grados académicos, lo cual se evitaría desplazamientos innecesarios a los lugares donde se ubican las instituciones públicas, lograría ahorro en el uso de copias, toner, hojas, tinta, carpetas, costos de envío, gasolina, entre otros muchos beneficios, y asimismo se puede inhibir la posibilidad de que se presenten actos de discriminación, secuestros de documentos, cobro de cuotas escolares, negativa para inscripción o re-inscripción, prácticas de corrupción y generaría un incremento en la transparencia de las gestiones gubernamentales”, afirmó.
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