• Antorcha Campesina denunció a “policía comunitaria” y exige intervención del gobernador Ángel Aguirre y de la Segob federal.
• Arranca campaña nacional por la liberación de campesinos antorchistas. Marcha el miércoles en Chilpancingo.
• Denuncia a nivel nacional y en las zonas fronterizas en los estados del norte.
México, DF.- El Movimiento Antorchista Nacional (Antorcha Campesina) denunció el día de hoy en conferencias de prensa que realizó en todo el país, que es ilegal que en Guerrero se esté armando a grupos que chantajean y secuestran a la gente que no coincide políticamente con ellos, como es el caso de la “Policía Comunitaria” de Temalacatzingo que secuestró y retiene, injustificadamente, desde el pasado 12 de enero a tres campesinos antorchistas.
La detención de José Maximino y sus hijos Jaime y Luis es ilegal y criminal, ya que desde hace 17 días, la “policía comunitaria” los mantiene secuestrados y les ha pedido a sus familiares, por cada uno, 100 mil pesos para poder ser liberados, al mismo tiempo que “exigen” que salga Antorcha Campesina de la región, lo que revela claramente que se trata de grupos que quieren recuperar el dinero y el poder que han tenido en esa zona.
De acuerdo a las declaraciones de Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional antorchista, se trata de grupos de poder, de caciques de la zona de Olinalá que se han armado para imponer su voluntad por la fuerza ahora que en las pasadas elecciones el pueblo, harto de ellos y sus tropelías, decidió arrojarlos del poder municipal.
“La policía comunitaria es comandada por un sujeto que se llama Silverio Bello García, de quien se dice en la región, participó en el asalto a la gasolinera de Olinalá y se asocian con él de manera destacada, Tomás Ortega Rosendo, quien fuera Director de Tránsito en el Ayuntamiento y un tal Casildo Sánchez Dolores, comisario de San José Amoltepec”. A ellos los apoyan los tres regidores perredistas de la actual administración, así como Francisco Casarrubias Alonso, presidente del PRD en Olinalá.
Aguirre Enríquez señaló que la cabeza visible de esa gente, es Luisa Ayala Mondragón, actual diputada local por el Distrito XXVII y expresidenta municipal de Olinalá por parte del Partido de la Revolución Democrática. “La policía comunitaria de Olinalá tiene una filiación y unos intereses políticos y económicos muy precisos y bien definidos, y antecedentes muy conocidos. Mientras gobernó Luisa Ayala menudearon los abusos: todavía se recuerda que se apoderaron de terrenos, cobraban por el agua de la presa de Duraznotitlán, cobraban renta por la torre de telefonía celular y se apoderaron del panteón de Santa Cruz Comalapa.
Al narrar los hechos, el vocero antorchista dijo que “gente que es comandando por los personajes antes mencionados, son los que se ocultan detrás de las capuchas y que salieron armados a la calle y colocaron retenes en los que, sin ningún derecho ni autoridad, detenían e interrogaban a todos los que pasaban y les aplicaban las medidas que se les venía en gana”
En esas acciones ilegales, el pasado 12 de enero, a eso de las 10 de la noche, detuvieron a Jaime Maximino García, quien, acompañado de su esposa e hijos, llegaba a Temalacatzingo para llevar a unas personas procedente de San José Amoltepec, que es su pueblo, de forma nada comedida le preguntaron que cómo se llamaba, que de dónde venía, a qué se dedicaba y, una vez que hubo contestado a todo las interrogantes, mientras le revisaban minuciosamente su camioneta, le permitieron el paso. Cuando la familia salía de regreso a su pueblo, a eso de las doce de la noche, la revisión y el interrogatorio se repitieron, sólo que esta vez, más impaciente y molesto por el agravio, Jaime Maximino, arrancó su camioneta sin esperar a que se le pusiera término oficial al operativo. A continuación, a los pocos minutos de haber llegado a su casa a San José Amoltepec, lo atacaron 60 sujetos armados y encapuchados que golpearon a él, a su esposa, a sus padres e hijos y se los llevaron, a punta de armas, a San José Tecorrales, que es donde la “policía comunitaria” tiene su cuartel general.
Antorcha Campesina a través de su dirigencia estatal, ha hecho varios llamados públicos al gobernador Ángel Aguirre para que tome cartas en el asunto y se ponga en liberad a los antorchistas detenidos, pero sólo han recibido una tibia respuesta de los funcionarios del Gobierno de Guerrero con los que han podido hablar del tema.
Desde hoy el asunto de Guerrero se ha vuelto un asunto nacional para el antorchismo y como primer medida el día de mañana, miércoles 30 de enero, se anunció una protesta en el centro de Chilpancingo en donde Diputados Federales e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional antorchista solicitarán una entrevista con el gobernador del Estado para pedir su pronta intervención, antes de que puedan ocurrir hechos que afecten más, la vida de por sí difícil, de la los guerrerenses”
Es claro que las “policías comunitarias son organizaciones criminales y nosotros exigimos que liberen a nuestros compañeros y que se castigue a los agresores. No vamos a negociar con ellos; y vamos a exigir que en Guerrero se respete la ley para que ningún grupo se puede erigir con el derecho de hacer justicia y armarse para ello, eso es un delito y se tiene que castigar, dijo Homero Aguirre Enríquez.
“Violar la Constitución, echarla por la borda como trasto viejo e imponer la voluntad de grupos y personas, como lo hace la supuesta policía comunitaria o ciudadana, es empezar la guerra entre los mexicanos y de eso debe hacerse responsable y debe responder por ella las autoridades, estatales y federales, que son las encargadas de velar por la seguridad de todos los mexicanos”
Si el gobierno de Guerrero permite que un grupo de gente se erija en acusador, en policía, en carcelero, en juez y en ejecutor de la sentencia, se está construyendo una gravísima amenaza para todos los mexicanos, porque imponer la ley del más fuerte es lo que ofrecen esos “líderes” perredistas a los mexicanos.
Antorcha Campesina, solicitó a Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación Federal su intervención, para evitar el crecimiento de un fenómeno delictivo del que los mexicanos y la autoridad nacional, puedan lamentarse.
Finalmente llamó a las autoridades de justicia a tomar cartas en el asunto, y a las autoridades políticas a intervenir y resolver la petición de liberar a los tres habitantes de San José Amoltepec, municipio de Olinalá.
Por su parte, Ignacio Acosta Montes dirigente del antorchismo en Baja California, condenó los hechos que se están dando en ese estado del país y criticó el actuar de la supuesta “Policía Comunitaria” contra integrantes de su organización.
“Antorcha Campesina solicita la intervención del gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero para que se liberen a nuestros tres compañeros que fueron detenidos arbitrariamente”.
Si el gobierno de Guerrero permite que un grupo de gente se erija en acusador, en policía, en carcelero, en juez y en ejecutor de la sentencia, se está construyendo una gravísima amenaza para todos los mexicanos, porque imponer la ley del más fuerte es lo que ofrecen esos “líderes” perredistas a los mexicanos, agregó.
“Al igual que todos los estados fronterizos, emprenderemos una campaña de denuncia contra el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, en la garita internacional de San Ysidro, y en Mexicali, la garita de Calexico”
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