NARCODIPUTADO PANISTA EN BAJA CALIFORNIA

José Luis Pérez Canchola ex procurador de derechos humanos en Baja California.
por José Luis Pérez Canchola
TIJUANA B.C.-El diputado por Mexicali, Víctor González Ortega, prominente miembro del Partido Acción Nacional, sigue en medio de un escándalo descomunal al ser descubierto en flagrancia con dos envoltorios de cocaína, con un arma que dijo ser de postas y adicionalmente en estado inconveniente. Realmente su problema no es lo que hizo, sino haber sido descubierto.
A fin de cuentas el diputado no fue detenido, ni arraigado y mucho menos sometido a tortura ya que es un mexicano de primera clase, con fuero constitucional. Cuando sucedieron los hechos anteriores, Víctor González ocupaba el cargo de presidente de la Comisión Permanente del Congreso, es decir el más alto cargo de uno de los tres Poderes del Estado. Los hechos en los que se vio involucrado deberían de avergonzar tanto al Congreso como a toda la sociedad.
Animado por la curiosidad sobre cual sería la calidad del trabajo que este diputado desempeñó durante su gestión como Presidente del Congreso en el mes de febrero, me di a la tarea de localizar y leer una gran cantidad de documentos. En resumen el balance de su desempeño es el siguiente.
Durante el primer mes de su gestión, como diputado presidente, encabezó 4 sesiones plenarias que se llevaron a cabo los días 1, 11, 18 y 24, con la circunstancia que la más prolongada tuvo una duración de 30 minutos. Una de estas sesiones, la del día 1º de febrero, se prolongó por espacio de 10 minutos. En resumen los diputados deliberaron en el pleno de la Cámara un total de 84 minutos durante el mes de febrero. Todo esto de acuerdo con el diario de los debates del Congreso y que cualquier ciudadano puede consultar por medios electrónicos.
El punto del orden de día que ocupó el mayor tiempo de los diputados en las cuatro sesiones, fue el punto de correspondencia. En síntesis el diputado González Ortega tuvo que informar sobre 78 escritos recibidos durante febrero, ninguno de ellos comentado en el pleno, y por otra parte se informó de 2 oficios despachados. En ese mismo mes el Diario de los Debates registró, en el punto de asuntos generales, la intervención de un total de 4 diputados de los 25 que integran la actual legislatura.
Por lo anterior se podría pensar que todo era tranquilidad para el diputado Víctor González Ortega. Su presidencia del Congreso transcurrió durante ese tiempo de la manera más reposada posible. Sin embargo, el pasado 19 de marzo todo se derrumbó. Para su infortunio, el legislador fue exhibido públicamente en circunstancias penosas, al encontrarse en estado inconveniente y en posesión, al parecer, de drogas ilegales. Todo un escándalo que viene a abonar el hartazgo de una sociedad cansada por la corrupción y la impunidad de que goza la clase política.
Que bueno fuera que los legisladores, en lugar de andar en estos alborotos, hicieran su mejor esfuerzo a fin de auxiliar, con base en el artículo 14 de la Constitución del Estado, a todos los sectores productivos y sociales en sus demandas más urgentes. Que bueno fuera en estos tiempos de crisis que el Congreso legislara, conforme al artículo 27, fracción V de la Constitución del Estado, sobre la necesaria disminución de los puestos públicos en la administración y se redujeran los ingresos de los funcionarios de primer nivel, generando ahorros que podrían destinarse a los programas sociales de los sectores marginales. Que bueno fuera, en fin, que legislaran de manera efectiva en contra de la corrupción, la impunidad, el dispendio, la complicidad y la simulación de gobernantes y servidores públicos que tanto daño causan al Estado.
A fin de cuentas el pueblo tiene derecho a exigir todo esto y más. Principalmente ahora que el funcionamiento de la Cámara de Diputados está costando más de 250 millones de pesos anuales al erario público, lo que equivale a 10 millones de pesos por diputado.
El presunto narcodiputado panita, fue llamado a cuentas por su propio partido hasta un mes después de los hechos, cuando la dirección estatal del PAN tuvo que reaccionar ante la publicidad negativa del caso, iniciando un procedimiento estatutario en contra de su agremiado.
Más allá del cinismo y la doble moral del PAN, lo cierto es que tenemos que preguntarnos ¿Cuántos otros legisladores, alcaldes, regidores y dirigentes de los partidos políticos tienen problemas de consumo de drogas? ¿Por qué en este caso se permite que se utilice indebidamente el fuero constitucional para evadir un delito grave en flagrancia? ¿Por qué la PGR y la Secretaría de la Defensa procedieron de manera distinta en Michoacán, deteniendo sin orden judicial a varios alcaldes y a otros funcionarios estatales en base a denuncias anónimas? ¿Y en el caso de Baja California, tratándose de un delito en flagrancia, porqué se encubrió al diputado alegando que tiene fuero? ¿Acaso la legislación federal se aplica según el partido político que gobierna en cada entidad?
El caso del diputado Víctor González Ortega, como cualquier otro, debería provocar la indignación de la gente y exigir la revisión del fuero constitucional a fin de reglamentarlo con mayor rigidez. Igualmente se debería demandar la aplicación de exámenes antidoping a quienes buscan ser candidatos a puestos de elección popular. Se trata de dos demandas sociales que deben discutirse abiertamente y hacer las reformas necesarias para bien del país.
Lo cierto es que este caso del diputado de Mexicali es uno entre muchos que se registran a lo largo del país. Basta recordar el incidente del regidor panista de Hermosillo, Martín Miranda López, sorprendido en abril de 2008 a bordo de su vehiculo fumando marihuana, tomando cerveza y en posesión de diversos cartuchos de arma de fuego. Y que decir del diputado perredista Jesús Coca González, de Querétaro, que fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de México el 30 de marzo de 2005 con 42 gramos de marihuana. En marzo de 2003, Mario Cesar Ríos Gutiérrez pierde una candidatura por el PRI en Nuevo León al ser señalado por un arresto anterior en posesión de varios kilos de marihuana. Este personaje finalmente alcanzo una diputación en su Estado pero en noviembre de 2008 siendo legislador, fue ejecutado al salir de un evento en el centro de Monterrey. En junio de 2009, vecinos de Playas de Tijuana señalaron al regidor Pablo Rodríguez de consumir en ese tiempo buenas dosis de marihuana. Y tantos otros casos viejos y recientes de funcionarios y dirigentes de todos los partidos.
Me temo que en Baja California estamos a merced de una generación de políticos sin escrúpulos que cada año dilapidan cientos de millones de pesos y que están matando lo poco que nos queda de confianza. Que bueno fuera que las consecuencias de todo esto las pagaran los diputados marihuanos, pero no, las vamos a pagar todos.